El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.
La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.
Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.
El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.
Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.
López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.
Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.
