La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años de 2019, que mejoró la prestación y suavizó las condiciones de acceso, reduce los incentivos para reincorporarse al mercado laboral, algo especialmente claro entre los empleos de baja remuneración o a tiempo parcial, según Fedea.
Este think tank financiado por la banca y varias empresas del Ibex ha publicado este lunes un análisis que explica que las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio que fijó esa reforma de 2019 lo han convertido “en una figura híbrida” a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter provisional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.
Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, añaden, la reforma puede introducir “problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española”.
Fedea estima dicho coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros en el periodo 2019-2030. Los cambios introducidos en esa reforma han incrementado el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas, lo que tiene distintos impactos.
Por un lado, un aumento gradual del gasto directo en la prestación que va aumentando de forma gradual hasta 2030, cuando calculan que alcance los 1.818 millones.
Por otro, explican, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI.
Y, por último, una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de 2025).
“La suma de estos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente”, resumen.
Esta reforma de 2019, recuerdan, redujo la edad mínima de acceso de 55 a 52 años e incrementó la base de cotización del 100% al 125% del tope mínimo, a la vez que permitió compatibilizar el subsidio con trabajos a tiempo parcial.
En 2024 se aprobaron nuevos cambios para este subsidio --también con mejoras la cuantía de la prestación y ampliando el número de colectivos beneficiarios-- que Fedea no entra a cualificar en este estudio donde se centra en esa reforma de 2019 que revirtió los recortes aprobados en 2012 para esta prestación.
