La acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso, que ejercen PSOE y Más Madrid, ha presentado un escrito en el que pide al juez Antonio Viejo que agilice de una vez la pieza separada contra Alberto González Amador. En este caso, las formaciones parten de los recientes informes de la UCO y la Agencia Tributaria para solicitar una batería de medidas entre las que figura la imputación de Quirón Prevención, como persona jurídica, por haber participado presuntamente de los delitos fiscales que se exponen.
En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular vuelve a pedir la imputación de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y que todavía no ha sido llamado a declarar pese a estar en el centro de la comisión de las mascarillas con la que González Amador ganó cerca de 2 millones de euros. Luego, González Amador habría comprado una empresa sin apenas valor a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, para pagar a este una comisión de medio millón de euros por haber impulsado la compraventa que generó la comisión a partir de su silla en el consejo de administración de una empresa llamada Mape.
PSOE y Más Madrid quieren que, además de a Camino, se impute por delito fiscal y falsificación de documentos a Gloria Carrasco y a Quirón Prevención. En el caso de esta última, el escrito alude a que, como exponía la UCO, González Amador estuvo ingresando de la empresa sanitaria por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios.
La pareja de Ayuso ya está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos en la pieza principal, que aguarda se fije la fecha del juicio. “Todo está unido y conectado de manera indiscutible y por ello en el marco de esta pieza [separada] debe investigarse también los delitos fiscales en concurso con otros en que se hubiera podido incurrir”, reza el escrito de la acusación popular en alusión a Gloria Carrasco, Fernando Camino y Quirón Prevención.
Para todo ello, la acusación popular pide al juez que encargue un informe a la Agencia Tributaria que determine la posible existencia de los delitos fiscales. Hacienda comunicó al juez que realiza inspecciones a Quirón, Camino y Gloria Carrasco y que las detenía toda vez que el juzgado realizaba una investigación por los mismos hechos. PSOE y Más Madrid creen que eso no es obstáculo para que ahora Antonio Viejo ordene a la Agencia Tributaria trabajar a sus órdenes y que profundice en su afirmación de que las relaciones económicas entre las empresas de González Amador y Qurión Prevención son “indiciariamente ficticias”.
PSOE y Más Madrid llevan desde 2025 solicitando una serie de diligencias que nunca se han llegado a acordar. Lo hicieron a partir del único avance que ha tenido esta pieza separada, la declaración como investigados de Gloria Carrasco y Alberto González Amador, las cuales presentaron importantes contradicciones entre ellas sobre la compraventa de Círculo de Belleza, origen del presunto pago de la comisión.
A partir de ahí, la acusación popular vuelve a solicitar que declare Camino como investigado y se cite al director de grandes cuentas de Quirón como testigo. En el mismo sentido insisten en su petición al juez de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emita un informe de las relaciones societarias y económicas de González Amador y la pareja Camino-Carrasco.
Entre la documentación a la que aspiran PSOE y Más Madrid figura la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador a raíz de las revelaciones de elDiario.es y la querella de la Fiscalía y el Código de Conducta de la empresa. Tal y como publicó elDiario.es, el informe de la UCO apunta a un posible incumplimiento de este Código de Conducta por parte de Quirón, algo sobre lo que la empresa no se ha pronunciado desde que estallara el caso en marzo de 2024.
Investigar a Alberto 'Burnet' González
La acusación popular pide que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como los metadatos de las llamadas o el contenido de los chats de mensajería instantánea. Igualmente solicitan que se de traslado a la UCO de la información publicada por elDiario.es en diciembre de 2025 según la cual Alberto González Amador seguía operando en Quirón con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, Alberto Burnet González.
La acusación popular aprovecha su escrito para recordar que ha presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que no han sido siquiera contestados. “El proceso está estancado”, llega a decir el último presentado.
“Esta falta de actividad procesal y de diligencias solicitadas es perjudicial también para la elaboración del informe de la UCO (...) ya que dicha unidad podría contar con más declaraciones y documental para la elaboración de estos y no lo va a poder hacer si no se remedia debido a la paralización de la instrucción”, alegan PSOE y Más Madrid.
Entre esa documentación que debe tener la UCO es la que resulte de un requerimiento judicial para conocer el patrimonio de González Amador, dice el escrito, que se queja de que recientemente el juez haya negado a la propia Guardia Civil su intención de acceder a la información societaria y tributaria de Gloria Carrasco y González Amador, como le había solicitado, y permitir únicamente un análisis de sus cuentas bancarias desde 2014.
