Los acreedores de los laudos contra España por los recortes retroactivos de las primas a las energías renovables en la etapa de Mariano Rajoy aseguran haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.
Según apuntan en un comunicado, los acreedores han tomado “posesión efectiva” de la sede del organismo cultural en Utrecht, que aseguran que está valorado en 10 millones de euros, y han colocado carteles en la fachada en los que se puede leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo, informa EFE.
Añaden que con esta medida se avanza en el proceso de recuperación de activos impulsado ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones de pago reconocidas en diversas resoluciones arbitrales y judiciales internacionales.
Las mismas fuentes aseguran que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública, algo que niegan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que fuentes del Cervantes en Utrecht confirman que su actividad continúa este lunes con normalidad.
El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
España actúa para que se levante el embargo
Fuentes de Transición Ecológica señalan que España ha iniciado un procedimiento para obtener una resolución judicial que obligue al (una figura del derecho holandés similar a un agente judicial o un procurador) a levantar el embargo trabado, dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea.
Al mismo tiempo, explican que han sido informados de que el Gobierno holandés ha notificado al de Blasket (el fondo buitre que compra laudos a inversores internacionales y lleva varios de estos casos) su deber de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta del bien.
Estas fuentes explican que el edificio no ha sido embargado por las autoridades judiciales holandesas, sino por el de Blaskett, en un procedimiento en el que España no había tenido oportunidad de efectuar alegaciones.
Asimismo, apuntan que la colocación del cartel en la puerta del edificio no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta del inmueble, sino que parece destinado a un fin “puramente periodístico sensacionalista”.
De hecho consideran que la colocación de los carteles es ilegal y aseguran que no se han iniciado las formalidades necesarias para iniciar el proceso de venta del inmueble.
Adicionalmente, estiman que el procedimiento no se va a poder desarrollar en tanto que el gobierno holandés ha declarado que el embargo es nulo y se lo ha notificado al fondo de litigios.
Estas fuentes también apuntan que con anterioridad, España ha conseguido anular intentos de embargos efectuados por el mismo fondo de litigios en Holanda, aplicando el derecho de la Unión, que impide el pago de los laudos dictados contra España relacionados con la modificación del régimen retributivo de las energías renovables.
