Podemos ha solicitado al juez Santiago Pedraz que llame a declarar como testigo en la causa por la guerra sucia contra el partido al inspector jefe Manuel Morocho, el policía que investigó los casos Gürtel y la caja B del PP y que fue desterrado al nido de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Durante el juicio de Kitchen, Morocho relató episodios que vivió en primera persona sobre las maniobras contra Podemos y de las que no se conocía hasta ahora un testimonio tan directo. Al policía, según contó, le intentaron implicar en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), sobre la supuesta financiación de Podemos a cargo de Irán y Venezuela que luego despreciaron los tribunales.
El testimonio de Morocho ha resultado vital para contrarrestar la tesis de la mayoría de los investigados en Kitchen, consistente en que ellos participaron en una operación legal para encontrar el supuesto dinero aún oculto por Luis Bárcenas y sus posibles testaferros. En realidad, según la Fiscalía, pretendían recuperar las pruebas en poder del extesorero sobre la caja B del partido y el conocimiento de la financiación irregular por el propio Mariano Rajoy. La constatación de que ocultan su verdadero interés es que ni Morocho ni el juez Ruz, que dirigía la investigación en la Audiencia Nacional, supieron nunca de los seguimientos a la familia Bárcenas ni del resto del operativo, según las explicaciones del policía en el juicio de Kitchen.
Las consecuencias por mantenerse firme en la investigación al PP fueron presiones de toda su cadena de mando. Uno de los investigados en Kitchen, José Luis Olivera —artífice también del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán— le ofreció un destino ampliamente remunerado en Lisboa. El director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, que también se sienta en el banquillo de Kitchen, puso a su elección cualquier embajada, los destinos más preciados. Ante la negativa del investigador a dejar el caso, Pino optó por una estrategia distinta: le desbordaría de trabajo sumando a la investigación judicial al PP un destino en la Dirección Adjunta Operativa, donde se fraguaron todas las maniobras contra la oposición.
Podemos ejerce la acusación popular en el juicio de Kitchen. En el turno de sus preguntas al testigo, el abogado de la formación le preguntó por su destino en la DAO. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.
Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.
Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho da un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reacciona y reorienta el interrogatorio rápidamente. Pregunta por el informe PISA y el inspector jefe asegura que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pide que analice el contenido del dosier.
La pata mediática
A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.
Podemos alega en su escrito que el informe PISA fue el origen de una operación policial a la que la UDEF bautizó como 'Venus' y que consta como una de las líneas de investigación de la causa que sigue el juzgado de Pedraz. La representación legal del partido pide al juez que oficie a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que tome declaración a Morocho e intente determinar quién es el autor del informe PISA y todas las maniobras que rodearon a la elaboración y posterior difusión del dosier.
