El Ministerio de Vivienda ya ha enviado a las Comunidades Autónomas la documentación necesaria para activar el primer pago de 800 millones correspondiente al primer año efectivo del Plan Estatal de Vivienda, que arranca en 2026 y va hasta 2030. Las comunidades tienen que firmar la aceptación de las condiciones impuestas por el Ministerio para estos fondos, que Madrid y Extremadura han recurrido por considerar que invaden competencias.
En caso de que las comunidades acepten por escrito, “como ya han hecho en dos ocasiones en la Conferencia Sectorial”, recuerda el Ministerio, el primer pago se desembolsará este mismo mes de julio.
Así, el Gobierno vuelve a poner ante una situación contradictoria a estas comunidades, que en su día ya firmaron a favor del Plan Estatal para días después presentar recursos ante el Supremo.
El plan prevé 9.000 millones de inversión en vivienda pública, rehabilitación y ayudas, pero obliga a las comunidades a asumir un 40% de la financiación y a blindar de por vida las viviendas públicas que se hagan con este dinero, . De esta forma, quieren asegurarse de que “con la vivienda que pagamos con los impuestos de todos no se puede especular ni se puede vender a un fondo buitre”, dicen desde el Ministerio.
Es por ello que Extremadura y PP han anunciado que recurrirán ante el Supremo estas condiciones del plan, mientras que Murcia dijo que estudiaba sumarse, mientras que otras comunidades del PP se han mostrado menos beligerantes, especialmente Galicia, que se ha limitado a aceptarla de buen grado y sin rechistar por la cofinanciación, que otros populares han lamentado que multiplique hasta por seis las aportaciones autonómicas y solo por dos las estatales.
Otro aspecto que incomoda es la obligación de compartir datos fiables sobre los precios de los alquileres a partir de las fianzas, dado que Murcia y Andalucía ya no recaudan de manera pública estos pagos.
La dinámica de los presidentes autonómicos del PP, con algunas excepciones, ha sido desde el anuncio de este plan amenazar con el boicot y recurrir sus condiciones al mismo tiempo que aceptaban el pacto en las conferencias sectoriales, con tal de no rechazar unos fondos indispensables para combatir la crisis de vivienda.
